LA PROHIBICION

LA PROHIBICIÓN: PRINCIPIOS Y CONSECUENCIAS



La experiencia vivida con drogas diferentes en épocas diferentes y lugares diferentes, nos ofrece un banco de datos sobre el modo como el hecho de ser legales, ilegales o ajenas a cualquiera de esos estatutos influyó sobre su producción y consumo. A la luz de estos datos es oportuno repasar el cuadro de las razones expuestas por el prohibicionismo farmacológico.



El argumento objetivo

La base de la intervención coercitiva sobre el entendimiento ajeno es el alegato de que determinadas sustancias provocan embrutecimiento moral e intelectual, y por eso mismo son estupefacientes. La característica de este argumento fue basarse en cuerpos químicos precisos y por eso es legítimo distinguir entre un argumento antiguo y uno moderno.

El antiguo afirmaba que estupefacientes eran algunos compuestos químicos (opio, morfina y cocaína hasta 1935) cuyo uso discrecional debía ser desaconsejado, por representar una bendición en manos de médicos y científicos y una maldición en manos de toxicómanos.

La Convención única de 1961 amplió la lista de esos compuestos, aunque ese número haya continuado siendo insignificante en comparación con el de las substancias psicoactivas naturales y producidas por laboratorios. Como hasta mediados de los años 60 todavía era fácil obtener en las farmacias variantes tan activas -o aún más- que los fármacos controlados, la vigencia de un régimen semejante produjo un pequeño mercado negro a la vez que un floreciente mercado blanco, no sólo de alcohol y de otras drogas vendidas en supermercados, sino también de anfetaminas, barbitúricos, opiáceos sintéticos, meprobamato, benzodiacepinas, etc.

La argumentación objetiva antigua entró en crisis cuando toxicólogos del mundo entero coincidieron en declarar indefendible el concepto oficial de estupefaciente, y el propio Comité de Peritos de la OMS se desentendió en relación a ese concepto por considerarlo acientífico. Nadie consiguió precisar en términos biológicos, neurológicos o psicológicos por qué ciertas substancias eran llamadas estupefacientes y otras no. En ese momento -cuando los estupefacientes oficiales tenían una demanda muy escasa, y ya se perfilaba en el horizonte la amenaza psicodélica- cristalizó el argumento objetivo ulterior o moderno, que legitimaría una continuidad de la política antigua, aumentando su indefinición.

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En efecto, según el argumento antiguo, los llamados estupefacientes eran medicamentos de prescripción muy delicada, que sólo ciertas personas podrían recetar o investigar. Pero pronto se transformaron en sustancias cada vez más indeseables y superadas por los progresos de la química de síntesis, que en ningún caso podrían quedar libradas al criterio de médicos y científicos. Su concepto pasó a ser estrictamente ético-legal, reflejado en un sistema de listas que marcaban la transición del simple control previo a la prohibición ulterior. A partir de entonces, las leyes no precisarían -ni en el período de deliberaciones previas, ni en sus exposiciones de motivos- esclarecer farmacológicamente cosa alguna; por ejemplo: porqué el alcohol, las anfetaminas o los barbitúricos eran artículos de alimentación o medicamentos, mientras la marihuana y la cocaína eran artículos criminales. Como esto presuponía un elemento de arbitrariedad, la solución última y todavía en vigor, fue declarar que todos los Estados debían velar por el estado anímico de sus ciudadanos, controlando cualquier sustancia que causase efectos sobre su sistema nervioso. Nació así el concepto de psicotrópico, al mismo tiempo en que se disparaba enormemente la producción y el consumo de los estupefacientes, pues sus análogos sintéticos ya eran sustancias psicotrópicas que solo podían ser adquiridas en farmacias con receta médica.



Las objeciones

El argumento objetivo en general, antiguo y moderno, se confronta en primer lugar con la idea científica de fármaco, que no proyecta determinaciones morales sobre cuerpos químicos por considerarlos cosas neutras en sí, benéficas o perniciosas, dependiendo de sus usos subjetivos.

En segundo lugar hay circularidad en la forma antigua y la moderna de exponer el argumento. En el inicio, se afirmó que ciertas substancias son muy útiles en manos de personas competentes -admitiéndose un uso médico y científico-, mientras que al mismo tiempo se creaban dificultades insuperables para que ese personal especializado dispusiese de ellas. Después, cuando terapeutas e investigadores reclamaron su derecho, se alegó que estas substancias eran inútiles para la medicina o la ciencia, porque ya existían productos sintéticos mucho mejores. Por último, cuando algún médico insiste hoy en obtener una explicación técnica sobre las ventajas de los fármacos sintéticos (por ejemplo por qué la metadona es mejor que el opio), se retorna a la premisa inicial, esto es, la de que los tradicionales serían muy útiles e inclusive mejores, si fuera posible prevenir los abusos en su prescripción. Como no existe un modo técnico de probar que son drogas inútiles, se alega que son peligrosas, y, como es imposible hacer valer la peligrosidad ante un diplomado en toxicología, se alega que son inútiles.

En tercer lugar, el argumento objetivo prescinde del hecho de que una droga no es sólo un cierto cuerpo químico, sino algo esencialmente determinado por un rótulo ideológico y ciertas condiciones de acceso a su consumo. Hasta 1910, los usuarios norteamericanos de opiáceos (Pag. 52) naturales eran personas de la segunda y tercera edad, casi todas integradas en el plano familiar y profesional, ajenas a incidentes delictivos; en 1980, gran parte de estos usuarios son adolescentes, que dejan de cumplir todas las expectativas familiares y profesionales, cuyo vicio justifica un porcentaje muy alto de los delitos cometidos anualmente. ¿Será que los opiáceos cambiaron, o cambiaron los sistemas de acceso a estas sustancias? Cabe decir la misma cosa de las sobredosis involuntarias: ¿cuántos usuarios de heroína o cocaína murieron por intoxicación accidental cuando el fármaco era vendido libremente y cuántos murieron después de que se tornaran ilegales? ¿Puede atribuirse a cosa distinta del derecho vigente la inundación del mercado por sucedáneos mucho más baratos y tóxicos que los originales, como el crack?.

Por más que se quieran presentar estos y otros efectos como desgracias imprevisibles, surgidas fortuitamente al defenderse la moralidad y la salud pública, el argumento objetivo deja de lado el hecho de que las condiciones vinculadas a la satisfacción de un deseo determinan decisivamente sus características. La realidad sociológica en materia de drogas es una consecuencia, y no una premisa, de su status legal.

Cuando se escamotea el efecto de la condición sobre lo condicionado, todo queda a merced de profecías autocumplidas, como la de aquel astrólogo inglés que tras adivinar cierto incendio futuro tomó la precaución de encender personalmente el fuego, a la hora y en el lugar ordenado por los astros.

Usando categorías biológicas, o simplemente lógicas, no es sustentable -en cuarto lugar- que el usuario de drogas ilícitas sea un toxicómano (maníaco consumidor de venenos) mientras el usuario de drogas lícitas constituye un bebedoro un fumador. Pero esta incoherencia permite mantener un negocio imperial a nivel planetario, exhibido sin el menor recato en todo el Tercer Mundo. Esos territorios son sometidos a extorsiones políticas, a devastaciones botánicas y a la persecución de sus campesinos, porque producen la materia prima de los principales agentes psicoactivos ilícitos, una materia que mata a occidentales a miles de millas de distancia; al mismo tiempo, es allá, en el Tercer Mundo, donde actualmente son vendidos en masa los agentes psicoactivos lícitos, desde el tabaco y el alcohol a estimulantes y sedantes patentados, con una propaganda destinada a fulminar cualquier competencia de sus fármacos tradicionales. Allá, el tabaco -norteamericano, naturalmente- es de cinco a diez veces más barato que en el sector civilizado del mundo -aunque la pasta dental o las sulfamidas cuesten el triple- y no contiene ningún rótulo indicando que puede perjudicar la salud; allá también el Valium y las demás benzodiacepinas son vendidas por cartones de envases, si el comprador lo quisiera, indicando sus prospectos que no son drogas, son remedios.



2. El argumento de autoridad

La política vigente se apoya también en el peso específico de sus propugnadores, distribuido en un grupo de eminencias y en una masa de personas innominadas (Mayoría Moral, o Silenciosa). Se alega que los líderes más respetados del mundo y una avasalladora masa de (Pag. 53) ciudadanos no podrían estar equivocados. Y, en efecto, a principios de siglo destacados representantes del fundamentalismo religioso -cuya bandera fue levantada después por instituciones policiales, políticas y financieras-, apoyaron la prohibición, sobre todo del alcohol. Hoy es raro encontrar un prelado, un general, un banquero o un estadista que sea hostil al prohibicionismo, y entre los que apoyan con mayor elocuencia sus premisas están próceres antiguos y modernos, desde el obispo Brent o el superdelegado Anslinger a los presidentes Nixon, Reagan, la señora Thatcher o el ayatollah Khomeini.

En lo que respecta al hombre de la calle, un gran número de personas creen sinceramente que "la" droga es un ente real, y debe defenderse de tal cosa como de un asaltante o de un asesino. Si ponemos en un plato de la balanza a los que apoyan la prohibición y en el otro a los que les gustaría revocarla, es bien posible que los primeros superen a los segundos, aunque no sea simple determinar en qué proporción; nunca se hicieron sondeos sobre este preciso extremo, con el rigor exigible para acercarse a estimaciones objetivas. El hecho de que, en algunos países, la disidencia farmacológica (haber usado alguna vez una droga ilícita) sea superior a una cuarta parte de la población -como sucede en los Estados Unidos, en España y en Holanda, por ejemplo- no significa que los disidentes se opongan a la prohibición en general, y tampoco excluye que sí se opongan a ella aquellos que sólo usan drogas lícitas. Lo innegable es que el asunto preocupa a todos seriamente, y que esta inquietud es interpretada en los medios oficiales como un apoyo expreso al régimen vigente.



Las objeciones

Al argumento de que los líderes mas eminentes del mundo y una inmensa mayoría de personas no podrían estar equivocadas, cabe contraponer dos observaciones básicas.

Pero la autoridad de los líderes no es la única, y si de Anslinger a Khomeini o Bush los políticos apoyan unánimemente la cruzada actual, se observa también que es rechazada de manera no menos unánime por quienes representan la autoridad del pensamiento. En otras palabras, hay dos autoridades en abierto conflicto. Así como líderes destacados apoyaron la prohibición, se opusieron a ella destacados representantes de las ciencias y de las artes, cuyos criterios se prolongan en grupos de resistencia activa o pasiva. Si pusiéramos a los primeros en un plato de la balanza y a los segundos en el otro, es tan avasalladora la supremacía del brillo institucional en unos como la del brillo intelectual en otros. Entre los preconizadores de la cultura farmacológica encontramos una larga secuencia, desde Teofrasto y Galeno a Huxley y Bateson, pasando por Paracelso, Sydenham, Coleridge, James y Freud. Y para ser exactos, la disparidad entre ambas corrientes hace recordar a la polémica de la brujería, donde a un lado estaban humanistas como Pomponazzi, Bruno, Cardano, laguna y Porta, mientras hombres de credos tan dispares como Calvino, Bonifacio W, Torquemada y Melanchton formaban un frente común de salvación pública.

En lo tocante a la autoridad del hombre de la calle, la historia nos enseña hasta qué (Pag. 54) punto ha sido receptivo a convocatorias de descontaminación ritual y lo muestra bombardeado por la propaganda con clichés como la llamada "espiral del estupefaciente", en cuya virtud bastará que alguien se aproxime a los fármacos prohibidos para caer en adicción y crimen. Como el ciudadano común no posee datos fiables sobre la frecuencia con que esto sucede, nos ocuparemos por un momento del asunto.

Apenas uno de cada dieciséis iniciados en la heroína necesitó alguna vez atención médica; los otros quince viven su vida -habituados o no, la mayoría no habituados- sin alertar a las redes epidemiológicas. Con la cocaína la proporción puede ser multiplicada por cien o más, pues mueren por año menos personas por sobredosis de cocaína verdadera que en tiroteos relacionados con su tráfico. En el caso del cannabis y sus derivados, simplemente no se conocen casos de ingresos en clínicas pidiendo tratamientos de desintoxicación; lo mismo puede decirse (por lo menos durante la última década) de los demás fármacos visionarios. Haciendo un promedio de los casos de verdadero abuso y envenenamiento con estos fármacos de la Lista 1, considerados superpeligrosos, el resultado es que, a pesar del rótulo demonizador, solo cerca del 0,01% de los toxicómanos en el sentido legal -usuarios de ciertas drogas sin receta médica- cayó y cae en la llamada espiral de las drogas. Como en algunos países ese 0,01% afecta al 20 ó 25% de la población total, es suficiente para producir directa o indirecta­mente un alto porcentaje de los delitos contra las personas o contra el patrimonio. Con todo, para la inmensa mayoría de los otros toxicómanos, consumir o no una droga de la Lista 1 es un asunto ceremonial y lúdico, raramente místico, sólo un poco diferente de ir al casino, dar una fiesta o visitar un museo, sin efectos psicosomáticos discernibles de tomar una o varias copas.

Se mide la ecuanimidad de los medía calculando las veces en que describen este 99,99% y las veces en que describen el 0,01 % restante. Para mayor claridad, calculamos con qué frecuencia, al narrar la vida de este 0,01 %, se describen el estereotipo satánico, los elevados desembolsos económicos, el peligro de envenenamiento con sucedáneos y la necesaria frecuentación de círculos criminales como elementos de influencia en el abuso farmacológico o en la conducta delictiva. Aunque los medios se alimentan del escándalo como noticia idónea, eso no explica su sesgo, pues mucho más escandaloso seria describir el autocontrol que centenares de miles de personas vienen demostrando, a pesar del clima imperante y de sus peligros muy reales. La realidad censurada es este segmento del mundo que simplemente no acata la Prohibición, sin sentirse justificado para hacer mal a otro sólo por un hábito, ni a entrar en las ceremonias que el represor ofrece para representar sus actos como pura benevolencia. Mientras esta parte del mundo continúe ausente de la televisión y de la prensa, es absurdo presuponer que las personas de la calle poseen elementos de juicio para decidir sobre las ventajas y desventajas del prohibicionismo. Por otro lado, no faltan sorpresas aquí y allá, como un programa de audiencia máxima exhibido en Catalunya, que promovió un debate a principios de este año: jurados escogidos aleatoriamente escucharon los argumentos de prohibicionistas y de anfiprohibicionistas y se decidieron por 11 a 2 a favor de los segundos. Como era de (Pag. 55) prever, poco después algunos periódicos presentaron encuestas en las cuales el 97% de los ciudadanos apoyaban el endurecimiento de las medidas represivas al tráfico y al consumo de drogas ilícitas.



3. El argumento conjetural

Desde su inicio, la conciencia prohibicionista recurrió a una tercera forma de raciocinio, según la cual cualquier cambio de la política vigente haría que el consumo de drogas ilegales se expandiera a extremos inimaginables. Sirve de ejemplo una carta al director publicada hace algún tiempo por el periódico de mayor tiraje en lengua castellana: La despenalización, acabará con la mafia, sin duda, y con la criminalidad ligada al consumo de drogas [ ... ] cuando todos seamos heroinómanos. (El País, 28.3.1983, p. 13). Sin llegar a declaraciones tan comprometedoras sobre lo que la persona voluntariamente reprimida haría en el caso de no existir represión obligatoria, los poderes públicos afirman que un porcentaje “mucho mayor” de personas serían adictas a algunos de los psicofármacos prohibidos.

Se trata en suma, del principal argumento no teológico de la cruzada, que por eso mismo merece la mayor atención.

Los testimonios históricos En China, la legalización del opio redujo del 160% al 5% el índice de aumento de las importaciones. El consumo continuó creciendo para alimentar la tolerancia creciente de los habituados antiguos, pero no en la proporción necesaria como para reunir nuevos adeptos, o siquiera para mantener todos los anteriores; con la legalidad desapareció la fascinación del paraíso prohibido, así como el estímulo comercial para la promoción, y los individuos recuperaron un sentido crítico enturbiado por tutelas incapacitantes. En el caso de los Estados Unidos se concordó el retorno de las bebidas alcohólicas a la legalidad porque la Prohibición había causado una enorme corrupción burocrática, injusticia, hipocresía, una gran cantidad de nuevos delincuentes, envenenamientos en masa con alcohol metílico y la fundación del crimen organizado, sin reducir en más del 30% el consumo general, y en ningún caso el de sus tradicionales amateurs.

El caso más reciente de legalización ocurrió en Holanda, donde desde el final de los años 70 es prácticamente libre y pública la venta de hachis y marihuana en coffee shops, diseminados por todo el país. Las demás drogas ilicitas son nominalmente perseguidas, aunque su oferta en aquel país sea superior en variedad y calidad a la que se encuentra en cualquier otro lugar del mundo. Cocaína, heroína, LSD o XTC son productos encontrados fácilmente y ciertas instituciones particulares -pero sustentadas con dinero público- como Safer House y pequeños (Pag. 56) laboratorios ambulantes situados en la puerta de las principales discotecas analizan gratuitamente cualquier muestra traída por particulares, determinando la naturaleza de la sustancia y su grado de pureza. Mientras tanto, las autoridades holandesas constataron que el número de usuarios nativos regulares de hachís y marihuana no solo se mantiene estable desde 1984, sino que hasta disminuyó del 20% al 14%. Con relación a los usuarios de drogas no legalizadas, este país tiene el porcentaje más bajo de Europa de toxicómanos irrecuperables, y también el más bajo número de sobredosis accidentales o involuntarias. Por cada junkie de Amsterdam hay por ejemplo, 14 en Frankfurt y 13 en Milán.

Al contrario, ¿qué efectos produjo la ilegalización de algo que antes era legal? Cuando el mate, por razones teológicas, fue prohibido en Paraguay, su consumo entre la población nativa y entre los españoles alcanzó proporciones nunca vistas ni antes ni después. Cuando ciertas pomadas y pociones pasaron a ser pruebas de tratos con Satanás, usando como puente la voluptuosidad, cerca de trescientos mil europeos (en un continente que en la época contaba aproximadamente con tres millones) terminaron siendo condenados a la hoguera como brujos, sin que tres siglos de Inquisición los hiciesen enmendarse. Cuando Murad III y Murad IV decretaron penas de descuartizamiento para quien tuviese relaciones con el tabaco, el comercio de este bien en Asia menor experimentó un vigoroso impulso. Tampoco funcionó en Rusia la prohibición del café, aunque varios zares hayan castigado su uso y comercio con mutilación de nariz y de orejas, así como no funcionara dos siglos antes en Egipto, donde se arrancaban los dientes del bebedor. Sobre el tabaco es suficiente decir que, en algunas regiones alemanas, el fumador llegó a ser castigado con pena capital. Ya en nuestra época, cuando se ilegalizaron los opiáceos naturales y la cocaína, su consumo se mantuvo bajo mientras hubo una oferta de drogas equivalentes en la farmacia; pero explotó cuando se restringió la disponibilidad de sus análogos sintéticos y hoy alimenta un fabuloso negocio de tráfico.

Por último, ¿qué sucedió con las drogas dejadas al margen de la promoción publicitaria como de la prohibición? Aunque hayan justificado incinerar en vida a tantas brujas, ciertas solanáceas como belladona, datura, mandrágora y sus principios activos (atropina y escopolamina) son fármacos alucinógenos y también causantes de estupefacción en grado eminente. Pero forman parte de los estupefacientes en sentido legal, y no generan actualmente incidentes criminales ni el menor interés colectivo.

Mientras en China el consumo legal de opio minó a las instituciones y provocó pavorosas catástrofes, en India un consumo legal de opio muy superior (medido por habitantes y por año) no provocó un predominio de usos abusivos en detrimento de los moderados, y fue compatible con las buenas costumbres hasta hace poco tiempo atrás, cuando el país fue obligado a poner en práctica tratados internacionales que lo condenan a sufrir una heroinización de los jóvenes, tributo a fenómenos ocurridos en América del Norte hace tres décadas.

Aunque en los Estados Unidos, en Japón y en Escandinavia (donde estaban prohibidas) hubiese ejércitos de speed freaks delirantes que se inyectaban cantidades enormes de (Pag. 57) anfetaminas cada poco tiempo, en España la total disponibilidad de estas drogas en las farmacias -complementada con el consejo del médico de familia y los progenitores- no causó abusos en la inmensa mayoría de los casos, por más que la incidencia de uso se aproximase al 65% de todos los universitarios en 1964. Aunque el éter y el cloroformo causaron sensación desde finales del siglo pasado, y sean los narcóticos por excelencia, con intensas propiedades tóxicas, sus usos lúdicos declinaron espontáneamente sin necesidad de prohibición, y hoy cualquier interesado en ellos puede obtenerlos por litros.

Aunque los barbitúricos (sustancias apenas menos tóxicas que la heroína) hayan sido mercaderías vendidas libremente durante décadas para inducir el sueño en todo el mundo, y usados desordenadamente (solos o en combinación con anfetaminas) por innumerables médicos, el número de barbiturómanos nunca fue superior al 0,5% de la población. Aunque la cultura egipcia y la mesopotámica -continuadas por la grecorromana- hayan consumido opio con notable generosidad, ese hábito no produjo un único caso de opiomanía en sus anales.

En resumen, la historia enseña que ninguna droga desapareció o dejó de ser consumida durante el transcurso de su prohibición. Enseña también que, mientras subsista una prohibición, habrá una tendencia mucho mayor a consumos irracionales. Teniendo en cuenta lo vivido en diferentes épocas y países, se instaura un sistema de autocontrol inmediatamente después que cesara el sistema de heterocontrol o tutela oficial. La experiencia muestra que disponer libremente de una droga (incluso promovida con mentiras, como sucedió prácticamente con todas en su lanzamiento) no crea conflictos sociales e individuales comparables a los que provocó y provoca su prohibición. Ni siquiera es sustentable, históricamente, que la disponibilidad de una droga aumente el número de consumidores; la Ley Seca evidenció que los alcohólicos no disminuyeron (excepto en el caso de los mendigos) y que sólo pararon de beber -o redujeron su consumo- parte de los bebedores moderados, esto es, los que no necesitaban un régimen de abstinencia forzada para controlarse.

Si relacionamos estos datos, parecen sugerir que los seres humanos poseen poderes autónomos de discernimiento. Sugieren también que se dejan obnubilar por rótulos adheridos a las cosas, que desdibujan lo que ellas y ellos respectivamente son.





4. El argumento jerárquico

La esencia del argumento jerárquico es que lo indeseable se combate con puniciones, y que definir lo indeseable corresponde en cada caso a quien manda. De ahí que el resultado tenga mucho de inesencial, pues lo decisivo es conservar el propio principio normativo. Aplicada a las drogas, esta orientación no pretende disuadir a aquellos que consumen las drogas prohibidas -aunque pueda parecer así- sino a los demás; y con este objetivo arbitra un sistema tan ineficaz para unos como eficaz para otros, fieles a esas costumbres denominadas de toda la vida. (Pag. 58)

El límite de la coacción

Parece que las objeciones al argumento conjetural contradicen el argumento jerárquico, aunque sea fruto de una construcción que funciona en muchos campos diferentes de los psicofármacos. ¿Serían las jóvenes más prudentes si fueran obligadas a volver a la casa a las nueve de la noche en vez de más tarde, o si fueran atadas a los pies de la cama, o fueran golpeadas cuando transgredieran esa regla? Eso para muchos progenitores parece educación, e inclusive la prevención idónea del sexo premarital, como conducta justificada por ser costumbre de toda la vida. Sin embargo, la posibilidad de que métodos análogos eviten el embarazo o produzcan verdadero respeto por la autoridad familiar se aproxima a cero, en tanto son infinitas las posibilidades de que creen rebeldía, falsedad y un número igual o mayor de embarazos fuera del matrimonio, pues la cópula puede ser realizada tanto antes como después de las nueve, y es más inconsciente cuando reina una ideología fundamentalista.

En el caso de las drogas, no se trata de horarios sino de expendedurías, pero ni los perseguidores más acérrimos consiguieron reducir su oferta en el mercado negro; por el contrario, consiguieron elevar al cubo los riesgos higiénicos para el ciudadano, el lucro para ciertas mafias y la desmoralización de los encargados de velar por la justicia. Ideados para provocar escasez en el abastecimiento de cocaína, ocho años de guerra sin cuartel a esta droga durante los mandatos de Reagan se reflejaron de forma desconcertante en una saturación del mercado, gracias a la cual el usuario pudo adquirir el producto cinco veces más barato que en la época de los permisivos Ford y Carter; lo mismo se puede decir hoy de la cocaína en España, del LSD en Alemania o del XTC en Inglaterra. Si no confiamos en el recurso del látigo para evitar el embarazo precoz de nuestras hijas ¿por qué confiar en él como pedagogía farmacológica?

El argumento jerárquico no se inmuta, entre otras cosas porque cree en las virtudes pedagógicas de encadenar a hijas rebeldes. Su lógica no depende de los resultados en general. El hecho de que haya más o menos usuarios delirantes de drogas, de que sean manipulados y envenenados involuntariamente, o que promuevan falsedad o violenta rebeldía son cosas en última instancia episódicas. Justamente, la división del cuerpo social en una masa de obedientes, en una masa de hipócritas y un sector de rebeldes garantiza que aquella autoridad desnuda llamada por nuestros ancestros merum imperium, fuerza bruta, pueda continuar reinando.





5. El argumento del hecho consumado

Si en algún foro público un defensor de la Prohibición agota sus argumentos, dirá inmediatamente que ningún país puede cambiar de política en este campo sin traicionar compromisos internacionales ratificados. Como la decisión de mantenerse en el camino actual fue tomada por la comunidad de las naciones, solamente ella podrá alterarla. Y como los organismos internacionales encargados de velar por la aplicación de estos acuerdos son unánimes en (Pag. 59) defender la línea más dura, está fuera de cuestión cualquier iniciativa orientada en otra dirección.



Las objeciones

La cruzada farmacológica fue la invención de un único país -coincidente de modo puntual con su ascenso al estatuto de superpotencia planetaria-, que la exportó al Tercer Mundo mediante una política de sobornos y amenazas. Las naciones del bloque occidental y soviético adoptaron el modelo cuando no sufrían problemas sociales o individuales derivados de las drogas, y cuando la iniciativa norteamericana -vista a la distancia- parecía algo exclusivamente humanitario. Una vez creado el problema, todos los gobiernos comprendieron los diferentes dividendos políticos y económicos derivados de mantener la cruzada.

Aunque, de hecho, ningún país haya decidido denunciar sus tratados, eso no impide que por lo menos treinta de ellos hayan estatizado la producción, la refinación o el transporte de diversas drogas ilicitas. El grupo de los países más ricos está profundamente comprometido con el lavado de dinero proveniente del narcotráfico, y está probado que el propio patrocinador de la cruzada, los Estados Unidos, controlaron a través de la CIA parte importante de la cocaína americana y de la heroína proveniente del sudeste asiático, por motivos aparentemente ligados a la mayor fuidez en la venta de sus armamentos, y a la facilidad de pago de la cuenta mundial de contrainsurgencia.

Pero estas irregularidades no contradicen el argumento del hecho consumado tanto como un examen más detenido de la propia ley internacional, cuya letra admite reformas. Todos los convenios y tratados reconocen usos médicos y científicos de cualquier psicofármaco, todos afirman que su objetivo es el gran tráfico y todos otorgan alto valor a las campañas de información y prevención. Consecuentemente, no dejarían de ser cumplidos si fuesen puestas en práctica tres medidas:

1) Tornar efectiva y no sólo potencialmente accesibles a terapeutas y científicos, para usos médicos y experimentales, todos los psicofármacos descubiertos, garantizando que los laboratorios competentes los elaboren con las debidas exigencias de pureza. Evitar los posibles abusos de abastecedores y fabricantes lícitos no parece un problema comparable al de evitar algo semejante en el caso de abastecedores y fabricantes ilícitos.

2) Dirigir efectiva y no sólo teóricamente la acción penal sobre el gran tráfico, tomando medidas que se concentren en la corrupción de los cuerpos armados y en las conexiones de los servicios secretos con el asunto.

3) Garantizar que la información en el campo de las drogas merezca su nombre, ofreciendo datos farmacológicos en vez de farmacomitologías contraproducentes.

En poco tiempo, la coordinación de estos pasos discretos -u otros parecidos- podría ser (Pag. 60) más útil para remediar delirios e intoxicaciones individuales que gigantomaquias como la famosa Estrategia Federal contra las Drogas, cuyo efecto inmediato fue el lanzamiento del crack. La alternativa es ir preparando el camino hacia modos secularizados de tratar el asunto, o continuar exacerbando dinámicas de guerra civil crónica y cura por chivo expiatorio. Arriesgando atraer la ira de una parte de los Estados Unidos, pero sin la necesidad de denunciar el derecho internacional en vigor, todo país puede probar políticas de ilustración en vez de políticas orientadas hacia el oscurantismo.

Por otro lado, en los Estados Unidos la situación está cambiando. Convertido en el primer productor mundial de marihuana, básicamente de interiores o hidropónica, para abastecer un gigantesco mercado interno, se sabe que este cultivo supera hoy en valor monetario a toda la zafra de cereales norteamericana -según la propia DEA- y alimenta de doscientos a trescientos mil cultivadores. Allá también existen decenas de miles de laboratorios clandestinos y cocinas caseras, que elaboran drogas de diseño de los tipos analgésico, estimulante y psicodélico. Jocelyn Elders, ex ministro de salud de Clinton, propuso ya en 1994 estudiar la despenalización, defendida hace tiempo por la Drug Policy Foundation cuyos portavoces son el economista Milton Friedman, el ex secretario de estado de Reagan, George Schultz, y una larga lista de intendentes, magistrados, promotores, médicos y hasta delegados. California hace tiempo autorizó la medical marihuana, y Arizona permitió la venta libre de pequeñas cantidades en lugares públicos así como también Alaska, mientras otros diversos estados de la Unión estudian actualmente seguir estos pasos. Newton Gingrich, líder de la mayoría republicana en el Congreso, solicitó un referéndum nacional sobre la Prohibición, y el magnate George Soros se incorporó a la postura abolicionista, creando el Open Society Institute y dotándolo generosamente.

Sólo me resta sugerir -por el bien de nuestra generación y de las sucesivas- una nueva forma de abordar el asunto en cuestión. No es preciso cambiar del día a la noche, pasando de una tolerancia cero a una tolerancia infinita. Caminos graduales, reversibles, diferenciados para tipos diferentes de sustancias y toda especie de medidas prudentes son sin duda aconsejables. Lo esencial es pasar de una política oscurantista a una política de ilustración, guiados por el principio de que saber es poder y de que el destino de los hombres está en el conocimiento.

Una vez admitido esto, es previsible que cualquier equipo de magistrados, médicos y sociólogos escogidos exclusivamente por su prestigio profesional, profundamente dedicados a la materia y refractarios a presiones extrañas, llegue en poco tiempo a un acuerdo sobre reformas concretas, sean o no del tipo antes sugerido, mas con posibilidades reales de aliviar en vez de agravar el problema. Existen varios precedentes de acuerdo con esta línea, como dictámenes de sucesivas comisiones de la Presidencia norteamericana, o los todavía hoy no superados informes de la National Comision on Marijuana and Drug Abuse (1973-1974). Si hasta hoy sus propuestas han sido sistemáticamente ignoradas, es porque la simplicidad técnica y la corrección jurídica no compensan arriesgar otros compromisos. Pero el mundo está cambiando, incluso de compromisos, y estar a la altura de estos cambios es el permanente desafío de nuestro espíritu.